En el ámbito del Derecho mercantil, uno de los supuestos más frecuentes de conflicto es el incumplimiento de las obligaciones pactadas por una de las partes. Pero ¿qué consecuencias tiene ese incumplimiento? ¿Puede la otra parte romper el contrato de forma unilateral? ¿Qué dice la normativa española al respecto?
En este artículo vamos a explicarte cuándo y cómo puede resolverse un contrato mercantil por incumplimiento, qué requisitos deben darse, qué pasos seguir y qué consecuencias legales puede tener la ruptura.
¿Qué es un contrato mercantil y qué obligaciones genera?
Los contratos mercantiles son acuerdos que rigen relaciones comerciales entre empresarios, autónomos o sociedades, y tienen por objeto un acto de comercio. Se regulan principalmente por el Código de Comercio (CCom) y por el Código Civil (CC).
Estos contratos generan obligaciones recíprocas de cumplimiento obligatorio. Por ejemplo, una parte puede comprometerse a prestar un servicio en un plazo determinado y la otra a pagar una contraprestación. La fuerza de estos pactos se basa en el artículo 1091 del CC: “Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse a tenor de los mismos”.
Además, muchos contratos mercantiles incorporan cláusulas específicas de rescisión anticipada, penalizaciones por incumplimiento o plazos estrictos, lo que refuerza la seguridad jurídica en el tráfico mercantil.
¿Cuándo se entiende que hay un incumplimiento?
El incumplimiento contractual puede manifestarse de formas diversas. La jurisprudencia y la doctrina reconocen varias tipologías que pueden justificar la resolución:
- Incumplimiento total, cuando una de las partes no realiza la prestación pactada en absoluto.
- Cumplimiento defectuoso, cuando se realiza de forma inadecuada, con errores graves o con calidad inferior a lo estipulado.
- Retraso injustificado, cuando el cumplimiento se produce fuera del plazo esencial para el contrato.
- Incumplimiento de obligaciones accesorias, si bien no siempre justifican la resolución, pueden hacerlo si afectan al objeto principal del contrato.
- Impago, especialmente si el pago constituye una obligación esencial (por ejemplo, en compraventa o prestación de servicios).
Para que el incumplimiento justifique la resolución, debe ser grave y esencial, es decir, que altere de forma significativa el equilibrio contractual o impida alcanzar la finalidad económica del contrato. Este criterio ha sido reiteradamente sostenido por el Tribunal Supremo.
¿Es posible romper el contrato por incumplimiento?
Sí, es posible resolver un contrato mercantil por incumplimiento, de conformidad con el artículo 1124 del CC. Este permite a la parte cumplidora optar entre:
- Exigir el cumplimiento forzoso del contrato.
- Resolver el contrato y reclamar daños y perjuicios.
Por tanto, la resolución del contrato es un derecho que puede ejercerse ante el incumplimiento, siempre que se cumplan ciertos requisitos legales y se respeten los cauces adecuados.
Requisitos para resolver un contrato por incumplimiento
No cualquier incumplimiento permite resolver el contrato. Los tribunales exigen que concurran determinados elementos para considerar válida y eficaz una resolución contractual:
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Incumplimiento grave y esencial
No basta con un retraso leve o una deficiencia menor. Debe tratarse de una infracción que frustre la finalidad esencial del contrato o genere un desequilibrio contractual relevante. Por ejemplo, si se contrata la instalación de un sistema en una fecha crítica y la empresa no lo entrega, se puede considerar esencial.
La jurisprudencia distingue claramente entre incumplimientos meramente formales y incumplimientos sustanciales que justifican la resolución.
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Imputabilidad del incumplimiento
Debe ser atribuible a la parte que incumple, es decir, que no concurra causa de fuerza mayor, imposibilidad sobrevenida o culpa de la otra parte. Según el artículo 1105 del CC, no hay responsabilidad si el incumplimiento se debe a eventos imprevisibles e inevitables, como desastres naturales, guerras o restricciones legales inesperadas.
Si el incumplimiento se debe a un evento de fuerza mayor (pandemia, catástrofes, etc.), puede quedar exonerado de responsabilidad y no justificar la resolución, siempre que esté bien documentado y no se deba a negligencia.
Por ejemplo, una crisis sanitaria que imposibilite la prestación del servicio, la parte incumplidora puede quedar exonerada de responsabilidad, siempre que demuestre que actuó con diligencia y que el hecho era realmente inevitable e imprevisible.
En estos casos, en función del contrato y de la normativa aplicable a cada caso, no siempre cabe una resolución unilateral del contrato, si no que puede dar lugar a una suspensión, modificación o extinción de una obligación concreta, debiendo ser las consecuencias proporcionales a la situación.
¿Cómo se lleva a cabo la resolución del contrato?
Existen dos vías principales para resolver legalmente un contrato mercantil:
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Resolución extrajudicial
Cuando el contrato incluye una cláusula resolutoria expresa (por ejemplo, en caso de impago o incumplimiento de plazos), la parte cumplidora puede resolver unilateralmente el contrato mediante notificación escrita y motivada. Esta notificación debe ser fehaciente (burofax con acuse de recibo o similar), dejando constancia del incumplimiento y manifestando de forma clara e inequívoca la voluntad de resolver el contrato.
La resolución se produce desde que la otra parte recibe la notificación, siempre que el incumplimiento sea grave, esencial y recaiga sobre obligaciones principales.
Ahora bien, si la otra parte no esta de acuerdo con la resolución del contrato puede acudir al auxilio judicial para que se declare la resolución como indebida o injustificada, solicitar el cumplimiento forzoso y/o una indemnización por daños y perjuicios.
En los contratos mercantiles es frecuente que se incluyan cláusulas de rescisión anticipada, que permiten a una parte terminar el contrato, siempre que se respeten los términos pactados (como notificación previa o indemnización). Estas cláusulas deben ser claras, proporcionadas y estar previstas en el contrato.
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Resolución judicial
Si la otra parte no acepta la resolución o impugna el incumplimiento, se debe acudir a los tribunales mediante una demanda de resolución contractual por incumplimiento. El juez evaluará si se cumplen los requisitos antes descritos y, en su caso, declarará resuelto el contrato y reconocerá el derecho a indemnización por daños y perjuicios.
¿Y el MASC (Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias)?
A partir del 3 de abril de 2025, la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del Servicio Público de Justicia introduce la obligación de intentar un MASC (como la mediación, conciliación o negociación entre abogados) antes de interponer una demanda en el ámbito civil y mercantil.
Esto significa que no se puede acudir directamente a juicio si previamente no se ha acreditado haber intentado una solución extrajudicial, mediante un certificado emitido por el mediador, conciliador o por los profesionales que hayan intervenido.
Si no se aporta este certificado, la demanda puede ser inadmitida.
Además, la negativa injustificada a participar puede acarrear la imposición de costas procesales.
¿Qué efectos tiene la resolución del contrato?
Los efectos principales de la resolución por incumplimiento son los siguientes:
- Extinción de las obligaciones contractuales para ambas partes.
- Devolución de las prestaciones realizadas, en la medida de lo posible.
- Indemnización por daños y perjuicios, que puede abarcar pérdidas económicas (lucro cesante), costes derivados del incumplimiento (honorarios legales, costes logísticos, etc.) y, en algunos casos, muy específicos, daño reputacional.
En contratos con cláusulas de penalización por resolución anticipada, estas no se aplican si la resolución es por incumplimiento imputable a la otra parte, salvo que expresamente se pacte lo contrario. Además, si se demuestra que la cláusula es abusiva o desproporcionada, podría declararse nula por los tribunales.
Conclusión
Romper un contrato mercantil por incumplimiento no solo es posible, sino que está legalmente previsto en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho de la parte que ha cumplido con sus obligaciones. Sin embargo, no todo incumplimiento justifica la resolución: debe tratarse de una infracción grave, esencial e imputable, que frustre la finalidad del contrato.
Además, es fundamental revisar el contrato, pues muchas veces contiene cláusulas específicas que regulan la rescisión, los plazos, penalizaciones o procedimientos de preaviso. Y, por supuesto, actuar siempre con buena fe y dejando constancia fehaciente del incumplimiento y de los pasos dados para resolver la situación.
En definitiva, si te enfrentas a un incumplimiento contractual en el ámbito mercantil, no estás indefenso. Puedes poner fin legalmente al contrato y proteger tus intereses, pero para hacerlo correctamente y sin riesgos, es recomendable contar con el asesoramiento de un abogado especializado que te guíe en cada paso del proceso.